Agentes de Empleo y Desarrollo Local: el caso de Andalucía (5)

POLÉMICA SOBRE LA INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES DEL DESARROLLO LOCAL ANDALUZ AL SAE

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Los profesionales del desarrollo local andaluz, personal técnico público, cualificado y dedicado en los territorios a la promoción de empleo y de proyectos de generación empresarial, se encuentran de actualidad gracias a la polémica suscitada en Andalucía sobre su incorporación al Servicio Andaluz de Empleo, tras pronunciarse de este modo el Tribunal Supremo y desoír este mandato el gobierno andaluz.

Condenado a readmitir en sus puestos de trabajo a casi 800 profesionales del desarrollo local, el ejecutivo andaluz se resiste a ejecutar el alto mandato judicial por considerar que no se han demandado a todas las partes responsables de la contratación (falta de litisconsorcio pasivo necesario), ni se ha procedido a resolver por el Alto Tribunal, el motivo del desacuerdo del despido entre trabajadores y la empresa- en este caso, Consorcios Administrativos conformados por el SAE y los Ayuntamientos comarcales del área de influencia de cada Consorcio- cual fue, hace 2 años, la existencia o no de verdadera causa económica alegada por la empresa para despedir colectivamente a la totalidad de las plantillas consorciadas y, el consecuente, fraude de Ley por no cumplir los preceptos establecidos en la Ley de reordenación del Sector Público andaluz de 2.011, cual es, la subrogación al SAE una vez decidida, por todos los componentes de los consorcios, su extinción.

Pronunciado sobre la existencia del efectivo fraude de Ley por incumplimiento de la Ley 1/2011, de 17 de febrero de 2011 (BOJA de 21 de febrero), el partícipe mayor consorciado, esto es, el SAE, está presentando incidentes judiciales de nulidad con la consecuente paralización en la ejecución de las sentencias emitidas hasta la fecha (18 de un total de 30) por los que señala que el Alto Tribunal no se ha pronunciado sobre la consideración de existencia de fraude de Ley y desviación de poder– achacada a cada uno de los Delegados Provinciales de Empleo que firmaron los despidos- ni sobre la real causa económica que el ejecutivo andaluz alega producida por la drástica reducción de las “legales e imprescindibles partidas estatales para seguir desarrollando el programa y así sostener los contratos de los trabajadores”.

Considerada por los ex Agentes de Empleo como mera escusa para no cumplir el trámite judicial, el pasado día 11 de septiembre el grupo parlamentario andaluz popular, se hizo eco de esta situación presentando en el Parlamento una Proposición No de Ley por la cual se pedía el apoyo del Consejo de gobierno andaluz para adoptar las medidas necesarias para proceder a llevar a efecto el cumplimiento íntegro de las sentencias judiciales, procediendo a su inmediata ejecución con las consecuencias previstas en el Art. 124.11 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, así como a solucionar el grave perjuicio económico que la demora en la ejecución de las sentencias está provocando en las arcas regionales, al debérseles ya a los agentes sentenciados, los salarios de tramitación y la indemnización correctamente calculada.

Con antelación a la votación, el gobierno andaluz- coaligado por PSOE e IU-, presentó una enmienda al texto popular por la cual instaba al Gobierno de España a adoptar medidas necesarias que propicien el cumplimiento de las sentencias afectantes, tanto al colectivo ALPES, como al de Asesores y Promotores de Empleo, por haberse visto afectados dichos colectivos, por los recortes efectuados por el Gobierno de España en las partidas que financiaban las PAES de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a lo que el colectivo ALPES, responde, que no fue esa la verdadera causa puesto que dicho colectivo no es personal de programa, sino de estructura por estar contratado por un consorcio y pendiente de su traspaso a la Agencia SAE, a diferencia de los otros dos colectivos subvencionados, por lo que sus salarios no están sujetos a programa y sí a dotación presupuestaria como cualquier otro personal contratado laboral con que cuente la administración Andaluza, añadiendo que, además, con partidas subvencionadas PAES, no es posible financiar personal estructural a tenor de lo establecido en la Ley de Empleo y desarrollado en los distintos Planes Nacionales de Empleo.

Posteriormente (25/09/2014), el gobierno andaluz ha presentado otra PNL donde se insta a sí mismo a “instar al Gobierno de la Nación a que dote financieramente el Programa de desarrollo local: Subvenciones para contratar a Agentes de Desarrollo Local” (punto 1), instándose de nuevo a cumplir, él mismo, el mandato judicial del Tribunal Supremo (punto 3), solicitándole al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que , “con la máxima diligencia posible, resuelva las aclaraciones solicitadas por la Junta de Andalucía para dar cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo” y convoque a los “representantes de los trabajadores y trabajadoras del colectivo ALPE, al efecto de constituir una Mesa de Trabajo para el análisis y la concreción del cumplimiento de las sentencias”.

Seguiremos informando.

Araceli Vallecillo Orellana
MOPTE UCO- UHU

 

 

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